La Autoridad Portuaria de Alicante alcanza un acuerdo con la Cofradía y los mayoristas para recuperar la actividad pesquera

Miguel Campoy en la rueda de prensa posterior al consejo de administración

Miguel Campoy, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha informado al consejo de las alternativas previstas para recuperar la actividad en la lonja de la nueva dársena pesquera, que pasa por un convenio entre la Cofradía de Pescadores y la asociación de mayoristas, bajo tutela de la APA.

Este acuerdo busca la reactivación de la actividad pesquera en el Puerto de Alicante, vías de solución a la deuda que arrastra la Cofradía y el mantenimiento de la lonja. El reflote del sector en la nueva dársena pesquera es una prioridad para la APA, ya que, pese al acusadísimo descenso de la actividad este sector ha llegado a capturar más de 500 toneladas de pesca fresca tan sólo hace diez años.

El consejo de administración ha sido informado de los nombramientos de Ana Barceló Chico y Enrique Álvarez Fanjul, vocales en representación de la Administración General del Estado, y Juan Luís López Osuna, en representación de la Generalitat Valenciana. Dichos representantes sustituyen, respectivamente, a José María Pajín Echeverría, Álvaro Mora Paulete y Alicia Martín Garachana.

Por otro lado, el Consejo de Administración del Puerto de Alicante ha aprobado la resolución de expediente de caducidad de la concesión administrativa otorgada a Astilleros Ripoll por impago de las tasas pendientes con la APA, una vez agotada la vía voluntaria y ejecutiva.

Impacto económico del puerto

En la rueda de prensa posterior al consejo, Miguel Campoy, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha hecho balance de su primer año como presidente del ente portuario. Cabe destacar a este respecto, la evolución positiva de tráfico total interanual que ha pasado de un descenso acumulado del 28,7% en enero a un -12,1%, según reflejan los datos de noviembre; las nuevas líneas con Argelia, Marruecos e Italiana, con escala en Baleares; y los avances acometidos en materia medioambiental, como la finalización de la instalación de las barreras antipolución en el muelle 17.

Por último, Miguel Campoy se ha referido al estudio de impacto económico que ha elaborado el Centro de Estudios Económicos de la Fundación Tomillo y la Universidad de Alicante sobre los efectos de las actividades desarrolladas, en términos de producción y empleo, del Puerto de Alicante respecto a la economía provincial. Cabe reseñar que el estudio sólo contempla las actividades comerciales desarrolladas en la infraestructura portuaria; esto es, no cuantifica las actividades de ocio, deportivas (marinas, Volvo Ocean Race) y pesqueras.

Según las conclusiones del informe, el impacto total del Puerto de Alicante en valor añadido bruto (VAB) alcanza la cifra de 135 millones de euros, de los cuales el 75% repercute directamente en la Comunitat Valenciana, seguido por un 12,6% de beneficio indirecto para la Comunidad de Madrid y el 3,9% para Cataluña. Los principales clientes del enclave alicantino son los fabricantes de materiales de construcción, los de productos alimenticios en conserva, el comercio al por mayor, los fabricantes de productos minerales no metálicos y la industria química.

En términos de valor añadido, la cifra de 135 millones de euros representa el 0,42% del VAB de la provincia de Alicante, según se desprende del estudio a partir de los datos publicados por Instituto Valenciano de Estadística (IVE) y de la contabilidad regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2007. A su vez, la repercusión en puestos de trabajo alcanza la cifra de 1.634, de los cuales 806 son empleados directamente por las empresas del puerto y el resto se produce por la vía de los efectos intersectoriales.

Miguel Campoy en la rueda de prensa posterior al consejo de administración

Miguel Campoy, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha informado al consejo de las alternativas previstas para recuperar la actividad en la lonja de la nueva dársena pesquera, que pasa por un convenio entre la Cofradía de Pescadores y la asociación de mayoristas, bajo tutela de la APA.

Este acuerdo busca la reactivación de la actividad pesquera en el Puerto de Alicante, vías de solución a la deuda que arrastra la Cofradía y el mantenimiento de la lonja. El reflote del sector en la nueva dársena pesquera es una prioridad para la APA, ya que, pese al acusadísimo descenso de la actividad este sector ha llegado a capturar más de 500 toneladas de pesca fresca tan sólo hace diez años.

El consejo de administración ha sido informado de los nombramientos de Ana Barceló Chico y Enrique Álvarez Fanjul, vocales en representación de la Administración General del Estado, y Juan Luís López Osuna, en representación de la Generalitat Valenciana. Dichos representantes sustituyen, respectivamente, a José María Pajín Echeverría, Álvaro Mora Paulete y Alicia Martín Garachana.

Por otro lado, el Consejo de Administración del Puerto de Alicante ha aprobado la resolución de expediente de caducidad de la concesión administrativa otorgada a Astilleros Ripoll por impago de las tasas pendientes con la APA, una vez agotada la vía voluntaria y ejecutiva.

Impacto económico del puerto

En la rueda de prensa posterior al consejo, Miguel Campoy, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha hecho balance de su primer año como presidente del ente portuario. Cabe destacar a este respecto, la evolución positiva de tráfico total interanual que ha pasado de un descenso acumulado del 28,7% en enero a un -12,1%, según reflejan los datos de noviembre; las nuevas líneas con Argelia, Marruecos e Italiana, con escala en Baleares; y los avances acometidos en materia medioambiental, como la finalización de la instalación de las barreras antipolución en el muelle 17.

Por último, Miguel Campoy se ha referido al estudio de impacto económico que ha elaborado el Centro de Estudios Económicos de la Fundación Tomillo y la Universidad de Alicante sobre los efectos de las actividades desarrolladas, en términos de producción y empleo, del Puerto de Alicante respecto a la economía provincial. Cabe reseñar que el estudio sólo contempla las actividades comerciales desarrolladas en la infraestructura portuaria; esto es, no cuantifica las actividades de ocio, deportivas (marinas, Volvo Ocean Race) y pesqueras.

Según las conclusiones del informe, el impacto total del Puerto de Alicante en valor añadido bruto (VAB) alcanza la cifra de 135 millones de euros, de los cuales el 75% repercute directamente en la Comunitat Valenciana, seguido por un 12,6% de beneficio indirecto para la Comunidad de Madrid y el 3,9% para Cataluña. Los principales clientes del enclave alicantino son los fabricantes de materiales de construcción, los de productos alimenticios en conserva, el comercio al por mayor, los fabricantes de productos minerales no metálicos y la industria química.

En términos de valor añadido, la cifra de 135 millones de euros representa el 0,42% del VAB de la provincia de Alicante, según se desprende del estudio a partir de los datos publicados por Instituto Valenciano de Estadística (IVE) y de la contabilidad regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2007. A su vez, la repercusión en puestos de trabajo alcanza la cifra de 1.634, de los cuales 806 son empleados directamente por las empresas del puerto y el resto se produce por la vía de los efectos intersectoriales.

Miguel Campoy en la rueda de prensa posterior al consejo de administración

Miguel Campoy, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha informado al consejo de las alternativas previstas para recuperar la actividad en la lonja de la nueva dársena pesquera, que pasa por un convenio entre la Cofradía de Pescadores y la asociación de mayoristas, bajo tutela de la APA.

Este acuerdo busca la reactivación de la actividad pesquera en el Puerto de Alicante, vías de solución a la deuda que arrastra la Cofradía y el mantenimiento de la lonja. El reflote del sector en la nueva dársena pesquera es una prioridad para la APA, ya que, pese al acusadísimo descenso de la actividad este sector ha llegado a capturar más de 500 toneladas de pesca fresca tan sólo hace diez años.

El consejo de administración ha sido informado de los nombramientos de Ana Barceló Chico y Enrique Álvarez Fanjul, vocales en representación de la Administración General del Estado, y Juan Luís López Osuna, en representación de la Generalitat Valenciana. Dichos representantes sustituyen, respectivamente, a José María Pajín Echeverría, Álvaro Mora Paulete y Alicia Martín Garachana.

Por otro lado, el Consejo de Administración del Puerto de Alicante ha aprobado la resolución de expediente de caducidad de la concesión administrativa otorgada a Astilleros Ripoll por impago de las tasas pendientes con la APA, una vez agotada la vía voluntaria y ejecutiva.

Impacto económico del puerto

En la rueda de prensa posterior al consejo, Miguel Campoy, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha hecho balance de su primer año como presidente del ente portuario. Cabe destacar a este respecto, la evolución positiva de tráfico total interanual que ha pasado de un descenso acumulado del 28,7% en enero a un -12,1%, según reflejan los datos de noviembre; las nuevas líneas con Argelia, Marruecos e Italiana, con escala en Baleares; y los avances acometidos en materia medioambiental, como la finalización de la instalación de las barreras antipolución en el muelle 17.

Por último, Miguel Campoy se ha referido al estudio de impacto económico que ha elaborado el Centro de Estudios Económicos de la Fundación Tomillo y la Universidad de Alicante sobre los efectos de las actividades desarrolladas, en términos de producción y empleo, del Puerto de Alicante respecto a la economía provincial. Cabe reseñar que el estudio sólo contempla las actividades comerciales desarrolladas en la infraestructura portuaria; esto es, no cuantifica las actividades de ocio, deportivas (marinas, Volvo Ocean Race) y pesqueras.

Según las conclusiones del informe, el impacto total del Puerto de Alicante en valor añadido bruto (VAB) alcanza la cifra de 135 millones de euros, de los cuales el 75% repercute directamente en la Comunitat Valenciana, seguido por un 12,6% de beneficio indirecto para la Comunidad de Madrid y el 3,9% para Cataluña. Los principales clientes del enclave alicantino son los fabricantes de materiales de construcción, los de productos alimenticios en conserva, el comercio al por mayor, los fabricantes de productos minerales no metálicos y la industria química.

En términos de valor añadido, la cifra de 135 millones de euros representa el 0,42% del VAB de la provincia de Alicante, según se desprende del estudio a partir de los datos publicados por Instituto Valenciano de Estadística (IVE) y de la contabilidad regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2007. A su vez, la repercusión en puestos de trabajo alcanza la cifra de 1.634, de los cuales 806 son empleados directamente por las empresas del puerto y el resto se produce por la vía de los efectos intersectoriales.